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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente trabajo es analizar la aplicabilidad del concepto de accountability y el denominado “voto económico” a las elecciones nacionales en Argentina y, particularmente, si esto podría explicar la derrota de Macri en el año 2019. Describiremos los principales modelos que explican el comportamiento electoral, incluyendo el “rational choice” que contempla un votante que puede tomar decisiones en base a un análisis retrospectivo y/o con respecto al futuro. Presentaremos una definición del concepto de Accountability vertical y, en particular, su modo electoral, como así también el fenómeno del voto económico. Además, nos preguntaremos si el comportamiento del electorado, en caso de existir un voto económico, opera del mismo modo en ambos sentidos del desempeño. Es decir, si el voto económico se activa como un castigo, como una recompensa, o de ambos modos. Expondremos las principales explicaciones que se han realizado sobre los resultados electorales en Argentina desde 1983 y la aplicabilidad del accountability electoral en su versión económica. Por último intentaremos dar una respuesta sobre si este fenómeno puede explicar los resultados de la elección nacional presidencial y legislativa de 2019.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL

Existen distintas teorías para dar cuenta del comportamiento electoral que ubican la centralidad de los factores en lugares diversos, en algunos casos se pondera la importancia de los intereses individuales, en otras teorías la subjetividad se disuelve en los patrones colectivos que ocupan un rol determinante. La coyuntura, las cualidades de los candidatos y los temas electorales también son considerados factores medulares en otras explicaciones. Existen tres paradigmas principales, según distinguen Goodin y Klingemann: estos son el sociológico, el psicosocial y el fundamentado en la “rational choice”. Es en este último caso en el que se enmarca el llamado voto económico. Tal como explica Montecinos,  el modelo de elección racional “plantea que los actores políticos tienen un comportamiento racional motivado y orientado a maximizar sus objetivos individuales”. En este sentido el votante tiene en cuenta cuáles son los beneficios que obtendría si su candidato o partido preferido es elegido, la probabilidad de que su voto sea determinante y cuáles son los costos que implicaría el voto. El elector racional que se mueve por un interés individual se supone conocedor de los candidatos y sus plataformas; utiliza atajos informativos y valoraciones al considerar quién votar, evaluando la evolución de su situación personal, de la cual responsabiliza a quienes gobiernan en ese momento; y por último pondera a quien impulsa en su plataforma aquellos temas que considera relevantes. Montecinos se pregunta si, en línea con esta interpretación, estas elecciones sobre el desempeño retrospectivo, la afinidad en temas de campaña y la definición de los perfiles, se realizan efectivamente en cada elección o si -como manifiestan Goodin y Klingemann- son, en realidad, la expresión de elecciones ya realizadas. En este sentido, el análisis retrospectivo y los temas afines son probablemente dos de los factores más importantes que podrían explicar la existencia del voto económico. A su vez, el enfoque sociológico sería el que menos podría dar cuenta de este comportamiento electoral, ya que predice preferencias electorales muy estables. Por ello, ante la posibilidad de reelección de un candidato presidencial, por ejemplo, deberían esperarse resultados similares, salvo que cambiara la composición social de ese electorado.

La teoría de redes, en cambio, podría llegar a explicar parte del voto económico no tanto por el efecto sobre un individuo en particular, sino sobre el impacto que tiene la economía en la red social de cada individuo. Montecinos resume la definición de Gribaudi en referencia a las redes sociales explicando que “constituyen una cadena multi-direccional, compuesta de variadas dimensiones que relacionan a las personas y que cran un área que se expresa como un espacio social en el cual coexisten varias esferas de actividad, política, social y económica” (MONTECINOS 2007). En este sentido, un individuo inmerso en una red social cuyos miembros han sido especialmente afectados por la economía, ya sea en sentido positivo o negativo, podrá ver su voto condicionado ya que los actores “no evalúan sus intereses electorales solos, sino que en relación con los intereses de personas socialmente similares y vinculadas a ellos” (MONTECINOS 2007). Esta teoría es de especial relevancia en un mundo en el que las redes sociales digitales han pasado a constituir la norma, y los algoritmos que las regulan tienden a formar “cámaras de eco”, es decir, espacios sociales a medida en los que sólo se tiene contacto con aquella porción del espectro social que coincide con nuestras preferencias y opiniones, incluyendo las electorales. Sin embargo, en lo que concierne al voto económico, o accountability electoral económico, la teoría del rational choice en su dimensión del análisis retrospectivo es, a prima fascie, la que mayor fuerza explicativa puede ofrecer.

ACCOUNTABILITY Y VOTO ECONÓMICO

El accountability es un concepto que se utiliza para denominar al conjunto de mecanismos de rendición de cuentas existentes en las democracias modernas. Más específicamente, podemos decir que cuando esta rendición de cuentas ocurre en forma vertical, los ciudadanos ejercen un control sobre sus representantes, quienes dan cuenta sobre su desempeño. Podemos encontrar dos formas principales de accountability vertical: el social y el electoral. En en el caso del accountability social, el mismo “es un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos así como en acciones mediáticas” (PERUZZOTTI Y SMULOVITZ, 2002). En el caso del accountability electoral, nos encontramos probablemente con el tipo de rendición de cuentas con mayor impacto, ya que determina la continuidad o no de un candidato y/o incumbent al frente de una gestión. La sanción de los ciudadanos es en este caso el “no voto” a los candidatos y/o partidos que gobiernan.

Según esta interpretación, las elecciones representan una herramienta de control político sobre los gobernantes, obligando a estos últimos a no desviarse de la dirección en la que el electorado espera que se muevan para continuar siendo una opción electoral relevante. En este sentido, el llamado voto económico, enmarcado en el modelo de comportamiento electoral de la escuela de la “rational choice”, además de un atajo cognitivo podría constituir un modo de accountability electoral, validando o castigando a los gobernantes según su desempeño en el terreno económico.

Pero el accountability no está confinado únicamente a la aptitud en este ámbito, autores como Echegaray (1996) señalan la relevancia de la competencia o idoneidad política, que podría explicar el comportamiento electoral latinoamericano durante las reformas neoliberales de los años 90, las cuales impactaron negativamente en sectores populares de las democracias de la región pero no impidieron la continuidad de los incumbent. A pesar de ello, el voto económico aparece con frecuencia como el tipo de accountability electoral más habitual o más relevante.

Si quisiéramos contrastar empíricamente la teoría del accountability en Argentina, específicamente en el ámbito económico, no alcanzaría únicamente con datos generales de la economía de un país y los resultados de sus elecciones, ya que la dimensión subjetiva es fundamental, porque que los individuos “reaccionan individualmente pero de forma sistemática al estímulo económico que se crea en la votación” (ECHEGARAY 1996). Es necesario contrastar en cada caso la percepción sobre el desempeño económico y al mismo tiempo la intención de voto para poder hacer una proyección válida. Una aproximación interesante es la que describe Ratto en “Accountability y voto económico en América Latina: Un estudio de las pautas de comportamiento electoral entre 1996 y 2004”. La autora implementó un diseño de investigación que no sólo buscó verificar la existencia del voto económico sino también el posible efecto de la ideología, utilizando para ello encuestas en las que se sondeaba, además del voto a favor o no del incumbent, la autoubicación ideológica y la del gobierno. De este modo, si encontráramos una correlación estadísticamente significativa entre la valoración positiva de la economía y la intención de voto al oficialismo, utilizando la autoubicación ideológica como variable de control, tendríamos evidencia de la existencia de este fenómeno, tal como lo encontró la autora del estudio.

Pacek y Radcliff (1995) sostienen que el accountability electoral económico no opera con la misma intensidad en ambos sentidos del desempeño económico. Es decir, en los países en vías de desarrollo, estos autores encuentran que se observa una mayor influencia del voto económico ante recesión o pobres resultados económicos que cuando se observa una bonanza de la economía. El voto económico, entonces, se activaría más como un castigo que como recompensa. Echegaray (1996), cuestiona la validez de esto, proveyendo como ejemplo el caso peruano, en el que están “dispuestos a darle rédito al gobierno y votar masivamente por él ante la más mínima impresión positiva por el estado de la economía, y a ahorrarle críticas y votos castigo por eventuales retrocesos financieros”. En otro orden se encontrarían ejemplos como el de Uruguay, en el que tanto los reconocimientos como las penalizaciones del electorado no son estadísticamente significativas, lo cual puede encontrarse en lo que autores como Lewis Beck y Kiewiet identifican como “democracias avanzadas”.

COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y ACCOUNTABILITY EN ARGENTINA

Echegaray (1996) sostiene que es ineludible la relevancia de los vínculos afectivos y cognitivos que desarrollan los individuos en referencia a los hechos políticos, que son generados en parte por una socialización política, y que han creado lazos estables con determinados partidos o fuerzas, como ha sido el caso del peronismo y el radicalismo en Argentina, sobre todo durante el siglo XX.  Pero al mismo tiempo estos enlaces, expresados como lealtades o identificaciones partidarias, se han debilitado producto de los procesos de modernización y reestructuración económica que alteraron la composición social de nuestro país. La movilidad política que se desencadenó dio mayor lugar a las afirmaciones fundamentadas en la “rational choice”, ya que parecían explicar lo que ocurría en un contexto volátil en el que el poder de determinación de las clases sociales y de la socialización política cedían espacio a la constitución individual de la identidad y/o preferencias políticas. No obstante, la acción del votante, aún entendida desde un enfoque de “rational choice” no puede ser entendida en términos meramente económicos, según Echegaray. Aún cuando los movimientos de la economía puedan ejercer su influencia en uno u otro sentido en los electores, este condicionamiento queda inevitablemente matizado por la responsabilidad que la ciudadanía le atribuya al gobierno sobre la situación económica. Esta responsabilidad está influida, entre otros factores, por la relación de fuerzas y conformación legislativa: será mayor mientras más clara sea la hegemonía del incumbent. Además, esta responsabilidad puede jugar un rol menor cuando existe una consolidación de las fuerzas políticas relevantes, pueden desarrollar una mayor inmunidad a los factores contextuales y, al contrario, en aquellas situaciones en las que nos encontramos con fuerzas políticas en crisis, fragmentadas o en proceso de transformación, el elemento económico puede cobrar mayor importancia.

No se puede dejar de tener en cuenta que definir la “situación económica” en términos abstractos, sin especificar si se trata de una evaluación macroeconómica del país o, más bien, una apreciación sobre la situación particular, puede llevar a conclusiones inexactas. Por eso, el modelo del voto económico no es sino un conjunto de explicaciones heterogéneas, que comparten la importancia de la racionalidad económica a la hora del voto, pero que pueden contener supuestos muy diferentes. Dos de los estudios que consideramos al respecto, el de Fabián Echegaray y el de María Celeste Ratto, utilizan sondeos de opinión pública como estrategia metodológica para comprender esa racionalidad y verificar su importancia en la determinación de las preferencias electorales.

Echegaray problematiza el pensamiento prevalente que le asigna una importancia superlativa al voto económico en Latinoamérica, dentro del cual podríamos considerar, por ejemplo, a Catterberg y Braun (1989) quienes plantean que en 1989 la ciudadanía argentina evaluó al incumbent radical desde una perspectiva económica, exigiendo un cambio en este sentido y haciendo valer el sufragio para lograr ese propósito.

Al evaluar el accountability electoral del tipo económico surge una pregunta interesante. Si este fenómeno se trata de una rendición de cuentas en la que el gobernante, en caso de no haber cumplido con las expectativas económicas del electorado que realiza un análisis retrospectivo, es sancionado con un “no voto”, emerge el interrogante sobre si el análisis económico prospectivo que puede realizar el electorado para decidir su voto integra el fenómeno del accountability electoral o no.

Este fenómeno cobra especial importancia en 1995 con la reelección de Carlos Menem: Echegaray postula que en el electorado primó una consideración sobre el futuro de la economía favorable al incumbent, a pesar de que la situación al momento de la elección era negativa. Si bien para el autor los electores latinoamericanos se caracterizan por ser “ingratos frente a un gobierno responsable por un panorama positivo de la economía e impacientes a la hora de castigar al oficialismo por condiciones negativas”, no fue el caso en esta elección. El resultado se explica parcialmente por el grado de responsabilidad que le atribuye el electorado al gobierno sobre la situación económica: a mayor responsabilidad, mayor el efecto del voto económico. En un contexto caracterizado por un “efecto tequila” que cobró trascendencia mundial y afectó la economía argentina, el electorado probablemente relativizó la responsabilidad del gobierno y eligió “optar por la previsibilidad económica y su asociación con la candidatura del oficialismo” (ECHEGARAY 1995). También se debe tener en cuenta el efecto que puede haber tenido el fenómeno ya mencionado sobre la relevancia de los aspectos no económicos del voto que, de acuerdo a lo planteado por Echegaray, juegan un rol fundamental en Latinoamérica, especialmente el llamado “referéndum político” que funciona como un accountability electoral no económico en el que se evalúan otros aspectos de la gestión, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, la capacidad para generar consenso o lograr paz social.

María Celeste Ratto, reconoce también la relevancia de los factores extra económicos que describe Echegaray, pero en su ya mencionado estudio sobre el comportamiento electoral latinoamericano entre 1996 y 2004, confirma la existencia del mecanismo del voto como control, lo cual se evidencia en el hecho de que “los latinoamericanos que valoraron positivamente a la economía premiaron a los partidos de gobierno y quienes la valoraron de forma negativa los castigaron cambiando su preferencia” (RATTO 2013). La autora buscó poner a prueba el concepto de accountability que fue cuestionado en los años 90 por no poder explicar, al menos a primera vista, el desempeño de incumbents que habían tenido un desempeño económico negativo. Nuevamente la cuestión sobre el análisis retrospectivo y prospectivo agrega una dimensión explicativa que permite una comprensión más profunda y que reivindica el concepto de accountability electoral. En toda Latinoamérica encontró, para 1996, 2000 y 2004 que la valoración de la situación económica del país (sociotrópica), tanto retrospectiva como prospectiva era estadísticamente significativa. Por ejemplo, para el año 2004, la diferencia en la intención de voto al incumbent fue de 30 puntos porcentuales entre quienes evaluaban positivamente y quienes evaluaban negativamente la economía.

El accountability electoral del tipo económico tiene en la Argentina del año 2001 un caso paradigmático, ya que, según explica Escolar, la elección legislativa de octubre “tuvo lugar en un marco de profunda recesión económica y de creciente fragmentación política del partido gobernante” y sus resultados muestran “el proceso de acelerada descomposición de la Alianza y de reestructuración del sistema de partidos. Algunas de las particularidades características de dicha elección, según explica el autor, son que los dos partidos mayoritarios alcanzaron sólo un 30% del padrón electoral nacional por primera vez en la historia, hubo una asistencia menor al 75% y el voto en blanco y nulo llegaron, sumados, al 15%. Los partidos de izquierda evidenciaron un crecimiento de casi un 200% con respecto a la elección de hacía tan sólo dos años y, también en el orden nacional, los valores de competencia efectiva pasaron a casi el doble, de 2,99 partidos electorales a 5,94, si se comparan los períodos 1983-1999 con el año 2001. En síntesis, “la dramática caída en votos de la Alianza, la desaparición de opciones electorales de centro-derecha, el crecimiento fragmentario de la centroderecha e izquierda y el extraordinario crecimiento del voto negativo fueron, sin duda, prolegómenos de la crisis institucional y política que viene sufriendo la Argentina desde diciembre del 2001” (ESCOLAR 2002). Creo que, con tan dramáticos resultados electorales, a tan sólo dos años de haber sido elegido el incumbent, es difícil argumentar que no existió en este caso un accountability vertical que, ante una coyuntura económica negativa, se expresó como una sanción del electorado en las urnas. Sin embargo, el pobre desempeño de la principal fuerza opositora nos habla también de una responsabilidad que el electorado percibe como compartida. Unos meses después este desencanto encontraría en el lema “¡Que se vayan todos!” una síntesis de la profunda crisis de representatividad que caracterizó al nuevo panorama sociopolítico de la Argentina.

           Finalmente, en las elecciones nacionales de 2019 encontramos un escenario en el que la dramática coyuntura económica, caracterizada por caída de la actividad, caída del consumo, aumento de la deuda externa, aumento del desempleo, crecimiento de la pobreza, inflación galopante y cierre de comercios, instalaba el interrogante sobre la probabilidad de un accountability electoral del tipo económico. Al respecto, el consultor político Zuleta Puceiro afirmaba que “el voto no va a ser un voto económico, porque si la gente tuviera en cuenta la economía ni Macri ni Cristina podrían ser candidatos. El 70%, en ambos casos, ve esas gestiones como desastrosas económicamente. Sin embargo, priman otras motivaciones que han sido más importantes que lo económico porque la gente da por descontado que sus problemas económicos no están en la cartera oculta ni del kirchnerismo ni del macrismo” (ZULETA PUCEIRO 2019). Por su parte, el consultor Mario Riorda, explicaba que “la economía calma y el dólar estable lo que hacen, a lo sumo, es aquietar y generar una especie de meseta electoral. Si existe un voto económico, es mucho más favorable para la oposición que para el oficialismo. En todo caso, el voto económico -que es altamente significativo- Juntos por el Cambio está intentando compensarlo con un voto ideológico” (RIORDA 2019). Encontramos aquí dos visiones contrapuestas, una que niega el rol del factor económico en la elección y otra que, por el contrario, no sólo reconoce que es “altamente significativo”, sino que el incumbent, consciente de su desventaja en este terreno, intentó plantear una estrategia que corriera el eje de la discusión a un debate ideológico, o de valores. La consultora Paula Zubán, luego de la elección, opinaba sobre los resultados que “la crisis económica quizás sea el factor que más rápidamente lo explica, pero hay muchos otros de gran significancia en la decisión que tomaron los argentinos el último domingo (…) cuando la ciudadanía vota contra los oficialismos es porque la crisis que carga sobre sus espaldas es tan pesada que no alcanza sólo con expectativas” (ZUBAN, 2019).

Las encuestas que indagaban en cuestiones económicas previamente a la elección, mostraban no sólo una percepción profundamente negativa de la economía, sino también una evidente responsabilidad del gobierno. El sociólogo Quevedo citaba, por ejemplo, un sondeo nacional del CELAG en el que “el 87% de los argentinos dicen que su situación económica familiar en el último mes sigue igual o peor de lo que estaba hace un año” (QUEVEDO 2019). Otra encuesta de RTD – Real Time Data en abril de 2019 mostraba que un 77% de los encuestados creían que el país “está mal” o “muy mal”, con un 61% que consideraba que el país, de cara a los próximos doce meses, estaría igual o peor que en ese momento. A su vez, la responsabilidad del incumbent quedaba clara en la pregunta sobre si el plan económico del gobierno estaba funcionando, ante la cual el 65 contestó que “el plan económico del gobierno es errado y sólo ahondará la crisis”, contra un 22% que consideró que “el plan económico del gobierno es el correcto y pronto dará sus frutos”. Al consultar sobre qué factores pesarían más a la hora de elegir su voto, el 65% también contestó que “el rumbo económico que propongan los candidatos” contra un 21% que contestó “el rumbo político que propongan los candidatos”. El titular de la consultora, Nicolás Solari, resumía los resultados de la encuesta explicando que “a Cambiemos le va bien entre los votantes que privilegian la política pero mal entre los que priorizan la económica” (SOLARI 2019).

CONCLUSIONES

Considero que la existencia del accountability electoral del tipo económico en Argentina está sustentado por la evidencia empírica de investigaciones como la de Echegaray y la de Ratto. Una vez establecida la significancia estadística de este fenómeno, emerge la pregunta sobre su intensidad y el subsecuente impacto en los resultados electorales. Los datos sugieren que la responsabilidad atribuida al incumbent sobre la situación económica constituye un factor que condiciona la activación del voto económico retrospectivo o prospectivo. En casos como el de 1995, la responsabilidad del gobierno se vio diluida, mientras que en casos como el de 2001 o 2019 el electorado le atribuyó una clara responsabilidad sobre la coyuntura. Es importante diferenciar entre estos dos últimos casos porque en el primero, si se tienen en cuenta los resultados electorales y las protestas que surgirían unos meses después, esta responsabilidad parece habérsele atribuido también, al menos parcialmente, al principal partido opositor. En 2019 creo que el accountability electoral económico se expresó negándole a Mauricio Macri la posibilidad de la reelección pero, al mismo tiempo, el 41% que obtuvo el incumbent en una coyuntura económica dramática -cuyo origen se le atribuía mayoritariamente al gobierno- habla también de la existencia de un voto con un componente ideológico importante. Como explica Echegaray, “el argumento del voto económico es relevante y significativo para América Latina, pero está lejos de agotar la diversidad de efectos subyacentes a la opción electoral” (ECHEGARAY 1996).

 Autor: Lic. Fernando Chiesa.

Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Estudios Electorales (UNSAM). Obtuvo con distinción una capacitación en “Computing for Data Analysis” en la John Hopkins Bloomberg School of Public Health, y obtuvo un certificado de “Social Network Analysis” en la Universidad de Michigan. Actualmente cursa un certificado en American Government de la Universidad de Harvard.

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